viernes, 20 de marzo de 2020

100 días… hacer de la crisis una oportunidad


18 de marzo…. Cien primeros días del gobierno de Alberto Fernández como presidente.
Sin muchos pergaminos políticos ni académicos y con una trayectoria errática respecto del último gobierno de signo peronista, AF, ungido por la exclusiva elección de quien sufriera sus mas severas críticas, llegó a la presidencia de la Nación.
Desde mucho antes del día uno se especuló acerca de su capacidad para establecer un liderazgo, aunque mas no sea moderado o si su designio sería estar sometido a los mandatos de quien lo había seleccionado para el cargo.
Hasta no hace mas de un par de semanas, su gobierno deambulaba entre priorizar la reestructuración de la deuda externa, fundamentalmente con el FMI, para luego hacerlo con los acreedores privados, y encontrar  una fórmula para, al menos contener, la inflación.
En noventa días no pudo mostrar claridad en ninguno de esos objetivos, en cambio, en los últimos diez días, aún con torpezas iniciales, pareció encontrar la vuelta para intentar “amesetar” la expansión del CONVID-19.
CONVID-19 que significa una gran crisis, no solo en materia de salud pública, sino también en materia económica y social, no por nada, el presidente de Francia, Macrón, lo definió como un “enemigo” con el que se está en guerra.
Toda crisis, por mas grave que sea, encierra una oportunidad, si se actúa ante ella con suficiente información y con un alto grado de “pensamiento lateral”, eso es no repitiendo las mismas recetas que anteriormente se aplicaron.
Alternativas diferentes, diferenciadas y superadoras van a permitir convertir una “crisis” en una nueva oportunidad.
En materia de salud, y frente a la experiencia de países que nos antecedieron en el padecimiento del CONVIR-19, no cabe duda de que el aislamiento, cuanto más severo, más resultados da.
En este sentido, aunque de manera paulatina y con algunas vacilaciones, el gobierno de AF y los gobiernos provinciales y locales, parecen avanzar con una firmeza que tal vez imponga mas la realidad que sus propios deseos.
Tampoco merece cuestionamiento alguno, que tales medidas van a producir un serio estancamiento en una economía argentina ya de por si lo suficientemente estancada como para considerarla en crisis terminal pre COVID-19.
Todos los datos macroeconómicos así lo indican: riesgo país por encima de los 4.000 puntos, descenso del precio del petróleo y de la soja, desplome de las bolsas, millonarias pérdidas en las cotizaciones de las principales empresas nacionales e internacionales, etc.
Frente a esto, el gobierno nacional, activa viejas recetas de muy corto plazo tendientes a mitigar el hoy, con serio riesgo de hipotecar el mañana.
La entrega de un bono de alrededor de 3.000 pesos y por única vez, para los jubilados de la mínima, a AUH, la asignación por embarazo, los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario resulta claramente insuficiente, sumado a la circunstancia que tal bono no tendrá respaldo en reservas genuinas, (que no las hay), sino en emisión monetaria, es decir en inflación.
En igual sentido opera el período de gracia del cobro de los créditos otorgados por la ANSES a los jubilados.
Estas medidas van a beneficiar durante el breve plazo de treinta días a lo sumo a un universo de no mas de ocho millones de personas, que, pasados los cuales, se van a encontrar en la misma o peor situación, porque ninguna de ellas garantiza un mayor poder adquisitivo y mucho menos un aumento sustentable de poder adquisitivo.
El aislamiento, necesario desde el punto de vista de la contención y la salud pública, ha de producir un mayor estancamiento en la economía: menor circulación monetaria significa menor producción, menores ventas, mayor paralización del sistema productivo y de intercambio de bienes y servicios, mayores riesgos de cierres y quebrantos de empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, que son el motor de desarrollo económico nacional.
¿Cuántas de estas empresas, restaurantes, hoteles, confiterías, panaderías, comercio en general pueden continuar pagando salarios y servicios con una merma considerable en su clientela?
¿Cuántas empresas de transporte, terrestre y/o aéreo, pueden “aguantar” un parate de siete días o transportar únicamente pasajeros sentados en las áreas urbanas, sin sufrir serios quebrantos por mas subsidios que se les otorguen?
¿Y dichos subsidios serán solventados por un famélico tesoro nacional o por emisión monetaria? Entendiendo que, en cualquiera de las dos alternativas, su costo final siempre recae sobre el conjunto de la población.
No cabe duda de que, si de impulsar la economía se trata, la solución pasa por el aumento del consumo, que conlleva casi de inmediato, el aumento de la producción, la mayor necesidad de creación de fuentes de trabajo, y por ende una mayor circulación de la masa monetaria, todo lo cual implica, en el mediano y largo plazo, una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los habitantes.
Pero en esta ecuación de aumentar el consumo, no todos pueden salir ganando lo que estaban ganando, se hace necesario encontrar mecanismos para romper con la regla de oro del mercado que señala que a mayor demanda mayores precios, lógica teórica que no tiene mucha razonabilidad en la economía argentina, pues está demostrado que aún en periodos de muy bajo consumo y de crisis económica, los precios han ido en continuo aumento, rareza que nos pertenece casi en exclusividad.
Pero el principal “perdedor” o “ganador”, (según se mire) ha de ser el Estado Nacional: su sustento económico legítimo se basa, pura y exclusivamente en la recaudación fiscal, (de tomar deuda ni hablar con un riesgo país por encima de los 4.000 mil puntos y en las puertas de un default).
Hoy por hoy, números más, números menos, el 60% del consumo total de la población, significan impuestos que se pagan. Dicho de manera simple, por cada 100 pesos que alguien gasta, 60 se los lleva el Estado.
Un Estado que sobredimensiona sus gastos de manera superflua y que durante mas de cincuenta años ha tenido en crisis la educación, la salud, la seguridad, los servicios públicos en su totalidad (luz, gas, agua, servicios cloacales, transporte, etc.) y ha redundado en el pago de salarios a funcionarios no siempre eficientes y eficaces y muchas veces otorgados como pago de favores por cuestiones políticas y/o personales, (llámense estos CEO, parientes de… o punteros políticos) y en empleados públicos no siempre necesarios  pero que acceden al cargo como pago por “servicios” pre y post electorales.
Aumentar el consumo necesariamente implica aumentar el poder adquisitivo, pero esto no significa aumentos salariales o bonos, que terminan carcomidos por la inflación. Todo lo contrario.
Aumentar el consumo y combatir la economía en negro, significa una drástica reducción impositiva indirecta (derogar los mas de 160 impuestos vigentes) y una sana aplicación de políticas tributarias directas (el que más gana más paga).
La Población Económicamente Activa (PEA) de la argentina ronda los 13.300.000 personas sobre casi 44.500.000 de personas, de los cuales el 66.1% son ocupados no demandantes ni disponibles, (8.800.000 personas) el resto (4.500.000) son desocupados o sub ocupados. (Fuente INDEC Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Primer trimestre de 2019).
En el rubro empresario, existen en Argentina aproximadamente 1.066.351 empresas pymes (menos de 200 empleados), y alrededor de 60.000 grandes empresas.(Datos a 2019 – Fuente Ministerio de la Producción)
Ese conjunto productivo es el que genera y mantiene en marcha una base monetaria (dinero legal en circulación -billetes y monedas- más las reservas de bancos en el Banco Central de la República Argentina), que ronda alrededor de 1.900.000.000.000 pesos (un mil novecientos billones de pesos), que a valor dólar a marzo de 2020, serían unos 23.100.000.000 de U$A a un dólar cuyo valor (impuestos incluidos) sería de 82.50 pesos)
Esa base monetaria “circula” en la economía a una velocidad variable que responde a distintas circunstancias (la estructura del banco central, incluyendo su red de sucursales, las entidades de crédito y sus redes de sucursales, el régimen jurídico, los hábitos de pago del público, la infraestructura de las empresas de transporte de fondos que operan en el mercado, y la geografía, la historia y las tradiciones de cada país)
Circular significa, (simplificando), que los fondos que atesora el Banco Central pasan, vía bancos minoristas a los ingresos de una persona/entidad, esta con ellos adquiere bienes y servicios a distintas empresas, las que a su vez o bien los deriva a una tercera o bien los deposita en una entidad bancaria minorista para que esta los vuelva a depositar en el Banco Central y así, al final del ciclo, esa base monetaria se vuelca al público que continúa el ciclo.
A mayor estabilidad de la moneda, menor circulación monetaria y a mayor inflación mayor circulación monetaria, puesto todo el mundo prefiere adquirir bienes y servicios y no atesorar una moneda que se deprecia constantemente.
Con el actual esquema tributario predominantemente indirecto, (166 impuestos nacionales, provinciales y municipales) la recaudación a febrero del 2020 fue de 471.693.000.000 de pesos o sea el 0.25% aproximadamente de la base circulante.
Este esquema resulta altamente perjudicial para los sectores de menores ingresos (y mas aún para aquellos sub ocupados o desocupados) puesto que, por ejemplo, el 21% de IVA  sobre un producto lo paga por igual (a igual compra) quien tiene un ingreso de 20.000 pesos como quien tiene un ingreso de 150.000 pesos
Si se eliminaran todos los impuestos actualmente vigentes y se estableciera una GRAVAMEN DIRECTO sobre los ingresos de las personas, el sistema sería mucho mas equitativo y mucho mas redituable, ya que, con una GRAVAMEN DIRECTO del veinte por ciento, por decir una cifra, quien ganara mensualmente 20.000 pesos vería deducidos sus ingresos, vía impuestos en un veinte por ciento, esto es 4.000 pesos, en tanto quien gana 150.000 pesos, aportaría 30.000 pesos.
Los números vistos así, parecen exorbitantes, pero hay que tener en cuenta que solo con el IVA quien gana 20.000 aporta 4.200 pesos, los mismos 4.200 pesos que, a igual consumo, aporta quien gana 150.000 pesos, y si se tienen en cuenta los demás impuestos indirectos (al combustible, a las bebidas alcohólicas y analcohólicas, al mantenimiento vial,  a la telefonía satelital, al gas natural, a la electricidad, a los sellos, a los ingresos brutos, etc., dentro los otros 166 que son de aplicación), lo que el Estado se lleva de cada ingreso ronda el 60%, esto es, de 10.000 pesos que se gastan 6.000 son impuestos y solo 4.000 compra efectiva para consumo.
Esta drástica, pero justificada por la situación actual, reducción impositiva, inevitablemente repercutiría en la recaudación impositiva,(la que de todos modos se va a ver mermada por la caída de a economía), y al Estado (nacional, provincial y municipal) solo le quedaría el recurso de adecuar su funcionamiento a la nueva realidad, esto es GASTAR MENOS.
Este GASTAR MENOS, requiere de una SOLIDARIDAD de la clase dirigente de real aplicación, no solo discursiva, que implique una drástica reducción de los salarios del funcionariato (ejecutivo, legislativo y judicial) contra la que carezca de valor el sacrosanto principio de los “derechos adquiridos” (de poca o nula aplicación para amplios sectores como jubilados, docentes, asalariados en general, etc.)
Reducir al mínimo indispensable los gastos en asesores, viáticos, gastos reservados, uso de vehículos exclusivos, cajas chicas y demás “plus” del que solo gozan ellos.
Eficientizar el funcionamiento del Estado, desburocratizándolo, eliminando procedimientos inútiles y retardatarios que solo encarecen la producción y los servicios.
En resumen “adelgazar” al Estado para “fortalecerlo”
Según Irina Moroni, economista de la Fundación Capital, “el país paralizado podría implicar una pérdida de mil millones de dólares diarios”. Mil millones que necesariamente han de repercutir sobre TODA LA POBLACIÓN, y con mayor crudeza en los sectores con menores recursos.
Por ello urge tomar medidas “de excepción”  y por fuera del clásico pensamiento económico. El sector que mayor “espalda” tiene, debe ser el que mayor aporte realice, minimizando sus dividendos. Y ese sector no es otro que el FINANCIERO.
Dicho sistema durante el 2019 tuvo un resultado total integral de 301.765 millones de pesos y según el Informe sobre Bancos, elaborado por el Banco Central, correspondiente a noviembre/19, las entidades ganaron en conjunto, sólo en ese mes, 25.940 millones de pesos.
Con esa rentabilidad, bien pueden, entre otros
·         Otorgar créditos personales por el equivalente a tres salarios mínimos vital y móvil, (alrededor de 48.000 $) a tasa cero, con un plazo de gracia de 6 o 12 meses y pagaderos en 36 cuotas iguales y consecutivas.
·      Prorrogar por 6 o 12 meses el cobro de las cuotas de los prestamos personales, alargando en igual proporción los plazos de pago.
·      Reducir por el término de uno a dos años sus tasas de interés a un equivalente a la Tasa Libor más 5 puntos.
·      Reducir sus gastos administrativos a no mas del 0,5% (costos de mantenimiento de cuentas, porcentajes que cobran por uso de tarjetas de crédito, etc.)
·      Reducir los tiempos de reintegros al comercio de los gastos efectuados en tarjetas de crédito, (no mas allá de las 72 horas)
En compensación el Estado podría establecer la obligatoriedad de la bancarización general, esto es, que todos los movimientos dinerarios se efectúen a través del sistema financiero, vía débitos bancarios, cheques, homebanking, tarjetas, etc.) impidiendo la circulación de dinero en efectivo y con ello la evasión fiscal y el trabajo en negro, amén de aumentar sensiblemente los márgenes de seguridad.
Con un aumento del 50% en el poder adquisitivo vía derogaciones impositivas, una bancarización que garantice el cobro del GRAVAMEN DIRECTO y su inmediato depósito en las arcas estatales, una adecuación del gasto estatal a la actual situación de emergencia, estableciendo una política de largo plazo de reducción del gasto público de una forma sorprendentemente veloz se pondría en marcha todo el sistema productivo y, dentro de nuevos parámetros económicos, se estaría en condiciones de estabilizar la economía sin necesidad de recurrir a “parches” que solo hipotecan el futuro.


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